El Grupo Parlamentario Libertad presentó los principales cambios propuestos a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y a la Ley de Régimen Especial de Arrendamientos de Inmuebles Destinados a la Vivienda, en el marco de la segunda discusión de ambas reformas. Las modificaciones buscan reactivar el mercado inmobiliario venezolano mediante un nuevo marco jurídico que incentive la inversión, fortalezca la confianza entre propietarios, inquilinos y entidades financieras, y facilite soluciones habitacionales para las familias afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.
Durante el proceso de consultas, la comisión encargada de las reformas sostuvo encuentros con representantes de la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y personas damnificadas por los recientes movimientos sísmicos. Según la fracción parlamentaria, las propuestas responden a las inquietudes planteadas por estos sectores y buscan atender un déficit habitacional que se ha visto agravado por la emergencia.
La diputada Alejandra Rodríguez, integrante de la comisión de reforma de ambas leyes, afirmó que el marco normativo vigente ha generado desequilibrios que afectan el desarrollo del sector inmobiliario y limitan tanto la inversión como el acceso a la vivienda.
“Tenemos una legislación que plantea desequilibrios y distorsiones de los derechos entre los intereses de los propietarios y los inquilinos, artificios engaños en las preventas, ventas, permisologías y protocolización de viviendas; desconfianza de los propietarios para alquilar sus inmuebles, desconfianza de los constructores honestos que desean invertir en el sector y desconfianza del sector bancario en la actividad crediticia. Esto creó como consecuencia la vulnerabilidad de los ciudadanos para comprar, para arrendar y para dar en arrendamiento sus viviendas. La imposibilidad de construir vivienda, porque el sector de la construcción no tiene estímulos ni garantías. (…) Es una deuda que tiene el Estado venezolano”, expresó la diputada Alejandra Rodríguez, integrante de la comisión de reforma de estas leyes.
Las iniciativas legislativas también toman en consideración la situación de las comunidades afectadas por los sismos, que según cifras oficiales preliminares superan las diecisiete mil personas damnificadas. En ese contexto, la bancada parlamentaria señaló que la actualización del marco legal pretende contribuir a la recuperación del mercado habitacional.
“La tarea de reconstruir un marco jurídico para equilibrar la simetría entre propietarios y arrendatarios, promover la reactivación de los sectores involucrados y establecer medidas legislativas que generen confianza”, explicó la parlamentaria, quien detalló algunas de las modificaciones.
Entre los cambios propuestos para la Ley de Régimen Especial de Arrendamientos de Inmuebles Destinados a la Vivienda se contempla que los contratos puedan formalizarse de manera privada o ante notario público, eliminando la obligación de acudir al ente regulador. Asimismo, se plantea permitir que los cánones de arrendamiento sean acordados libremente entre las partes y que puedan ajustarse de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La reforma también prevé que los pagos puedan realizarse tanto en bolívares como en divisas, además de autorizar garantías equivalentes a tres meses de arrendamiento o la contratación de pólizas de seguro destinadas a cubrir posibles daños ocasionados a los inmuebles. Igualmente, incorpora la mediación y el arbitraje como mecanismos alternativos para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.
En cuanto a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, las modificaciones incluyen la eliminación de la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras que otorguen créditos para proyectos inmobiliarios, limitando su participación al rol de prestamistas. La propuesta también elimina la exigencia de una fianza equivalente al cien por ciento del valor de la obra y flexibiliza los mecanismos relacionados con los fideicomisos y los plazos de ejecución de los proyectos de construcción.
Otro de los cambios plantea permitir ajustes inflacionarios en las cuotas de preventa mediante la aplicación del IPC, con el objetivo de adecuar los pagos a la evolución de la economía y reducir las restricciones que, según los promotores de la reforma, dificultaban el desarrollo de nuevos proyectos.
El Grupo Parlamentario Libertad informó además que presentará nuevas propuestas durante la última sesión de la comisión mixta antes de que los textos sean remitidos a la plenaria.
“Estamos solicitando en el proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento que se incorpore de manera expresa la no discriminación y esto lo decimos porque durante las consultas que sostuvimos estuvo una persona de La Guaira y expuso que por ser damnificada de La Guaira le estaban poniendo limitaciones”, dijo la diputada de la fracción Libertad, Alejandra Rodríguez, quien recordó que la discriminación está prohibida en la Constitución.
Entre las iniciativas adicionales figuran incentivos fiscales para promover el arrendamiento y la incorporación de una póliza de fiel cumplimiento como instrumento de respaldo para las operaciones inmobiliarias.
“También estamos proponiendo la conformación de una comisión especial a los fines de hacerle seguimiento a la implementación de esta leyes y otras que quedan fuera del ámbito de aplicación de esta nueva ley, para irlas adaptando al nuevo sistema y poder generar confianza en el mercado que ha estado tan golpeado durante tantos años”, concluyó la parlamentaria.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
