La reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avanzó en primera discusión con respaldo unánime, en medio de llamados para que los cambios trasciendan la composición del Comité de Postulaciones Judiciales y contribuyan a una transformación más amplia del sistema de justicia venezolano.
El Grupo Parlamentario Libertad sostuvo durante la sesión extraordinaria que la modificación del mecanismo relacionado con la elección de magistrados debe representar un punto de partida para fortalecer la institucionalidad, la independencia de los poderes públicos y la confianza de ciudadanos y actores económicos.
“Esta podría ser una señal positiva en el sentido de que serían dos miembros más de la sociedad civil, pero evidentemente que esa no puede ser una discusión solamente de los políticos, de los diputados, eso tiene que ser una discusión del país nacional”, expresó el diputado Luis Florido, quien fijó posición por la fracción ante la plenaria.
Reforma propone ampliar la participación de la sociedad civil
El Proyecto de Reforma de Ley del Tribunal Supremo de Justicia contempla la modificación del artículo 65 para elevar de 10 a 12 el número de integrantes de la sociedad civil dentro del Comité de Postulaciones Judiciales.
Este organismo tendrá entre sus responsabilidades evaluar las credenciales de quienes aspiren a convertirse en magistrados del máximo tribunal. Para la Fracción Libertad, además de modificar la composición del comité, el proceso deberá prestar especial atención al mérito y las cualidades profesionales de los candidatos.
Los parlamentarios consideran que estos elementos serán determinantes para generar confianza y credibilidad alrededor de las instituciones judiciales.
“¿Dónde está el problema con la justicia venezolana? No solo en el Tribunal Supremo, que es la cabeza del sistema de justicia, el problema es la politización de la justicia y eso es precisamente de lo que tenemos que deslastrarnos. Magistrados que sean realmente independientes, probos, que tengan como bandera la bandera de Venezuela y no la bandera de un partido político”, manifestó el parlamentario.
Institucionalidad e inversión entran en el debate
La discusión también incorporó el impacto que, según la Fracción Libertad, puede tener el funcionamiento de las instituciones sobre la economía venezolana. El grupo parlamentario sostiene que un sistema judicial que genere confianza y cuente con poderes públicos equilibrados puede contribuir a crear mejores condiciones para atraer inversiones.
“No hay inversión si no hay poderes públicos equilibrados y si no hay inversión no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico no hay dinero que llegue al bolsillo del venezolano, que es a quien nosotros nos debemos, a la gente, al ciudadano”, agregó Florido.
La seguridad jurídica constituye un elemento relevante para las decisiones empresariales y de inversión, particularmente porque establece el marco para la protección de contratos, propiedades y derechos. En ese contexto, el debate sobre la reforma del TSJ adquiere también una dimensión económica e institucional.
La Fracción Libertad planteó que el alcance de cualquier transformación no debería limitarse al máximo tribunal, sino extenderse hacia las distintas instancias encargadas de administrar justicia en el país.
“Para que la justicia llegue de verdad tiene que resolver el problema en la parroquia al arrendatario que reclama por alguna situación o también a aquella persona que está siendo acusada penalmente y que tiene que tener tribunales que realmente impartan justicia o al perseguido político”, explicó.
Fracción Libertad pide una reforma con mayor alcance
Florido indicó que la reforma impulsada desde el grupo de negociación establecido entre representantes de la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno nacional representa, desde la perspectiva de la fracción, un avance que debe estar acompañado por medidas destinadas a recuperar garantías y derechos democráticos.
El parlamentario señaló que el grupo continuará respaldando iniciativas en esa dirección, al tiempo que formulará observaciones y propuestas orientadas a ampliar el alcance de los cambios institucionales.
“Hay que avanzar en este sentido, pues avancemos, pero ese avance tiene que tener claridad de objetivo y el objetivo principal es que Venezuela recupere su justicia que desde hace mucho tiempo no tiene”, sentenció el diputado del Grupo Parlamentario Libertad.
Con el proyecto aprobado en primera discusión, el proceso legislativo mantiene abierto el debate sobre la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales y los criterios para evaluar a los aspirantes a magistrados. Para la Fracción Libertad, la selección deberá priorizar perfiles basados en el mérito, la independencia y la capacidad de fortalecer la confianza en el sistema judicial venezolano.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
