La diputada Anais Plaza presentó este domingo una guía detallada para acceder a los beneficios contemplados en la recientemente sancionada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que, según afirmó, busca ofrecer claridad jurídica y acompañamiento institucional a los potenciales beneficiarios y sus familiares.
La parlamentaria, integrante del grupo parlamentario Libertad, explicó que la hoja de ruta tiene como objetivo principal orientar sobre los procedimientos necesarios para tramitar la solicitud formal ante los tribunales competentes, en un contexto en el que diversos sectores esperan la implementación efectiva de la normativa aprobada por el Poder Legislativo.
En declaraciones públicas, Plaza sostuvo que la aprobación de la ley representa un hito tras años de presión social y política. Aseguró que el documento aprobado es el resultado de años de lucha de las familias, organizaciones de derechos humanos y de “una oposición que jamás abandonó la ruta de la institucionalización para lograr la libertad de quienes nunca debieron estar presos”.
La diputada explicó que el instructivo desarrollado describe de forma ordenada cada una de las fases que deben cumplir los solicitantes. Según precisó, la guía abarca todo el proceso, “desde la representación legal inicial hasta los mecanismos de seguimiento institucional que se han diseñado para no dejar a nadie atrás».
Procedimiento establece lapsos de 15 días para respuesta judicial
De acuerdo con la parlamentaria, el proceso comienza con la designación obligatoria de un abogado, quien será el encargado de introducir la solicitud ante el tribunal correspondiente. Este requisito aplica tanto para personas dentro como fuera del país, aunque en el caso de venezolanos en el extranjero, el trámite se ha simplificado mediante la figura de un poder simple.
Una vez introducida la solicitud, el sistema judicial contará con un plazo definido para emitir una decisión. Plaza precisó que los tribunales tendrán un periodo de 15 días continuos para evaluar el expediente y responder formalmente a la petición.
En caso de una decisión favorable, se procederá a la formalización de la Amnistía ante las instancias judiciales, lo que permitirá materializar el beneficio jurídico previsto en la legislación.
Sin embargo, la guía también contempla escenarios adversos. Si la solicitud es rechazada, el beneficiario tendrá derecho a ejercer mecanismos de apelación ante instancias superiores, con el objetivo de garantizar la revisión del caso y preservar el debido proceso.
Comisión parlamentaria supervisará casos excluidos
Uno de los elementos centrales del esquema anunciado es la creación de una Comisión de Seguimiento, concebida como una instancia parlamentaria encargada de supervisar la correcta aplicación de la ley.
Este organismo tendrá la responsabilidad de revisar los expedientes que no hayan sido admitidos inicialmente por los tribunales y emitir recomendaciones técnicas orientadas a su reconsideración.
Plaza, quien forma parte del partido político Un Nuevo Tiempo, subrayó que esta instancia busca evitar que casos potencialmente elegibles queden fuera del alcance de la normativa.
En ese sentido, destacó que, “aunque la ley presenta exclusiones, la bancada Libertad logró incluir puntos críticos para la protección de las víctimas, como por ejemplo las garantías a la no persecución, atención a casos vulnerables y la creación una nueva instancia parlamentaria, la Comisión de Seguimiento Permanente, para revisar los casos que quedaron en el limbo por contener en su expedientes delitos comunes”.
Impacto institucional y expectativas
La implementación de la Ley de Amnistía ocurre en un momento en que distintos actores políticos, jurídicos y sociales evalúan sus implicaciones institucionales y su potencial impacto en el entorno nacional.
Analistas coinciden en que la aplicación efectiva de la normativa dependerá en gran medida de la actuación coordinada entre el sistema judicial y las instancias parlamentarias creadas para su supervisión.
Para el sector político que respalda la iniciativa, el objetivo es garantizar seguridad jurídica y contribuir a la normalización institucional.
En esa línea, Plaza afirmó que el propósito final de la legislación trasciende el ámbito procesal y apunta a generar condiciones de mayor estabilidad democrática. Finalmente puntualizó que el compromiso de la bancada opositora es que la Amnistía “sea la llave que abra la puerta a una democracia plena, donde pensar distinto deje de ser un riesgo de persecución y cárcel”.
La hoja de ruta presentada busca ahora facilitar el acceso práctico a este beneficio legal, en medio de expectativas sobre el volumen de solicitudes que podrían ser introducidas en las próximas semanas y el desempeño de los tribunales frente a los lapsos establecidos.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
