El gobierno venezolano rechazó este lunes las conclusiones de un informe de una misión internacional independiente de las Naciones Unidas que condena los «crímenes de lesa humanidad» presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.
“Venezuela expresa su categórico rechazo a las infundadas y falsas acusaciones de la supuesta misión internacional de conocimiento, en nuevo folleto presentado el 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, se lee en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, condena al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEPEN) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por ser activos en la represión de disidentes «al cometer gravísimos actos de tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad». «.
“Venezuela -por su parte- reafirma que es excéntrica en cuanto al tipo de mecanismos paralelos, bárbaros y superpuestos que, a través de sus declaraciones, levantan y alientan a los sectores más extremistas a repetir la grave violación de los derechos humanos de los venezolanos y sus miembros. del pueblo venezolano y desestabilizar el pueblo».
En tanto, Venezuela cree que este «nuevo informe falso» carece de «sustento sistemático» y pretende «seguir atacando a las instituciones venezolanas», como parte de la criminal estrategia de «cambio de régimen» que impulsa Estados Unidos «con la complicidad de gobiernos satélites». en el científico”.
La misión ya ha presentado dos informes -en 2020 y 2021- describiendo abusos a los derechos humanos en Venezuela, y ahora insiste en que estos actos, en particular los cometidos por Seppen y la Dirección General de Inversiones Públicas, «continúan hasta el día de hoy».
Desde su establecimiento en 2019, al grupo de la ONU no se le ha permitido ingresar a Venezuela y ha realizado sus investigaciones en áreas fronterizas y mediante entrevistas remotas. Las conclusiones se basan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y ex funcionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
En materia de derechos humanos, el presidente Maduro recibió en Caracas al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y tras el encuentro de marzo pasado acordó abrir una oficina de la organización en Venezuela.
A diciembre de 2021, la justicia venezolana había condenado a más de 200 agentes de seguridad a penas de prisión de hasta 28 años por violaciones a los derechos humanos ocurridas desde 2017, las cuales fueron probadas por el entonces fiscal general, Tarek William Saab.
