Caracas. En un contexto marcado por más de dos décadas de polarización política y profundos desequilibrios económicos, la Asamblea Nacional dio inicio formal al trabajo de la Comisión Especial para el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que busca sentar bases institucionales para la reconciliación nacional. La instalación de esta instancia tuvo lugar en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, durante una sesión que se extendió por más de dos horas.
La diputada Nora Bracho, quien asumió la vicepresidencia de la comisión, centró su intervención en la necesidad de superar el ciclo de confrontación que ha impactado tanto la estabilidad política como el desempeño económico del país. La reunión, que comenzó a las 6:00 pm y concluyó pasadas las 8:30 pm, marcó el arranque del trabajo técnico y político de una normativa que, a juicio de la parlamentaria, tiene un alcance que trasciende el ámbito legislativo.
Desde una perspectiva institucional, Bracho señaló que la ley representa una oportunidad histórica para recomponer el tejido social y generar condiciones mínimas de confianza, elemento considerado clave para cualquier proceso de recuperación económica sostenible. En ese sentido, subrayó que uno de los objetivos centrales del proyecto es facilitar el reencuentro de las familias venezolanas que han sido separadas por la crisis y la persecución política.
“La ley de amnistía representa puentes que debemos construir sobre abismos que nos han separado durante más de 20 años”, afirmó la diputada, al tiempo que insistió en la importancia de permitir el retorno de ciudadanos que se encuentran en el exilio y que, según su planteamiento, podrían reincorporarse a la vida productiva y social del país.
Bracho utilizó una metáfora para describir el momento que atraviesa Venezuela, reconociendo el impacto acumulado de años de conflicto sobre la sociedad. En su discurso, admitió la existencia de “heridas abiertas y profundas”, pero hizo un llamado a asumir con responsabilidad política un proceso que permita avanzar hacia la “cicatrización y cura de las almas, las mentes y los corazones”, como paso previo para una convivencia democrática más estable.
Respeto a la disidencia y rechazo a la venganza
Durante su intervención, la parlamentaria también abordó las diferencias estructurales que separan a los distintos sectores políticos representados en el Parlamento, incluyendo visiones contrapuestas sobre el modelo económico y el rol del Estado. No obstante, sostuvo que el respeto a la disidencia debe ser un principio rector para cualquier acuerdo de largo plazo.
“Venezuela no resiste más seguir en este entramado de venganzas. La venganza es como un veneno que uno se toma esperando que el otro fallezca; ese veneno no nos lo podemos tomar nosotros ni dárselo al otro”, sentenció la diputada, en un mensaje dirigido tanto a la bancada opositora como al sector oficialista.
Desde el punto de vista del entorno de negocios, el énfasis en la estabilidad política y el respeto institucional es observado por analistas como un factor determinante para mejorar las expectativas de inversión y reconstruir la confianza de actores económicos nacionales e internacionales, duramente afectada en los últimos años.
Participación activa de la sociedad civil
Otro de los elementos destacados durante la instalación de la comisión fue la apertura del proyecto legislativo a la participación de la sociedad civil. Bracho informó que la propuesta de ley ya cuenta con aportes provenientes de la Universidad del Zulia (LUZ), colegios de abogados y diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo que, a su juicio, refuerza el carácter plural de la iniciativa.
“Esta ley es tan significativa para nuestra nación que nadie se quiere perder la oportunidad de aportar”, señaló la vicepresidenta de la comisión, reiterando el compromiso de la bancada opositora de trabajar en una visión compartida de país.
La diputada concluyó que el objetivo final del proyecto es sentar las bases para un entorno donde los ciudadanos puedan progresar y vivir con dignidad, una condición considerada indispensable para cualquier estrategia de recuperación económica y desarrollo sostenible. Con la instalación formal de la comisión, el debate sobre la Ley de Amnistía entra ahora en una fase técnica y política que será seguida de cerca por distintos sectores del país, incluyendo el ámbito empresarial.
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