El exdiputado de la Asamblea Nacional y exalcalde del municipio Iribarren, Macario González, acudió este martes ante el Ministerio Público para introducir una denuncia formal relacionada con la presunta desaparición forzada que asegura haber sufrido durante 68 días, luego de su detención en septiembre de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Lara.
Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en Caracas, González indicó que fue detenido al salir de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, sin que, según afirmó, existiera una orden judicial o imputación formal en su contra. El exparlamentario sostuvo que permaneció incomunicado durante más de dos meses en una sede del organismo de inteligencia ubicada en la calle 57 con carrera 13 de Barquisimeto.
“Fueron 68 días y 68 noches que fui secuestrado por el Sebin del estado Lara. No hubo ninguna explicación de por qué me detuvieron”, expresó el exparlamentario durante sus declaraciones a la prensa.
El dirigente político señaló que durante ese período sus familiares y representantes de sectores de oposición realizaron denuncias públicas y consignaron comunicaciones ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuesta oficial sobre su situación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración pública relacionada con las afirmaciones realizadas por González.
Según explicó, decidió acudir nuevamente al Ministerio Público tras la designación del actual fiscal general, Larry Devoe Márquez, con el propósito de solicitar una audiencia y pedir la apertura de una investigación formal sobre el caso.
“No pueden desaparecer a una persona durante 68 días y decir que eso no existió. Esto tiene que ser investigado porque se trata de un delito de desaparición forzosa”, sostuvo.
González aseguró que durante su permanencia bajo custodia no recibió información sobre las razones de su detención y afirmó que algunos funcionarios le indicaron que actuaban bajo “órdenes superiores”. Asimismo, responsabilizó políticamente a altos funcionarios del Ejecutivo nacional por lo ocurrido y afirmó que su situación se enmarca dentro de denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos y persecución política en Venezuela.
El exdiputado también señaló que las secuelas físicas y emocionales derivadas de la experiencia afectaron su estado de salud y derivaron en un accidente cerebrovascular leve, razón por la cual, según indicó, habría recibido autorización para continuar tratamiento médico fuera del centro de reclusión.
“Estoy dedicado a denunciar esta situación para que no se repita sobre más nadie un castigo tan grave como este”, expresó.
Exdiputados piden justicia y garantías institucionales
Durante la actividad también participó el exdiputado William Dávila, quien manifestó su respaldo a González y solicitó a las autoridades competentes esclarecer el caso. Dávila calificó lo ocurrido como una desaparición forzada ejecutada bajo una “cadena de mando” política y afirmó que este tipo de denuncias deben ser investigadas por las instituciones correspondientes.
“Eso no puede seguir sucediendo. Aquí tiene que haber justicia, verdad y reparación. No puede volver a ocurrir este tipo de situaciones”, afirmó.
El exparlamentario sostuvo además que existen preocupaciones sobre presuntas detenciones clandestinas y falta de información a familiares y representantes legales respecto al paradero de algunos detenidos. En ese contexto, pidió mayores garantías institucionales y transparencia en los procedimientos judiciales y de seguridad.
“Macario sale de la universidad, lo agarran y no se sabe de su situación. Ni siquiera él sabía por qué estaba detenido y cuando lo liberan tampoco le explican por qué lo dejan en libertad”, expresó Dávila.
Dávila también hizo referencia a la situación de salud de personas detenidas por razones políticas, indicando que algunos presentan enfermedades graves o secuelas físicas derivadas de las condiciones de reclusión denunciadas por organizaciones y familiares.
La denuncia presentada por González se produce en un contexto en el que distintos sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan solicitando investigaciones sobre presuntas violaciones de garantías fundamentales en el país. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha informado públicamente si abrirá una investigación formal relacionada con este caso.
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