Caracas, miércoles.– La crisis eléctrica venezolana, que por años ha afectado tanto a los hogares como al aparato productivo, tiene en el marco legal vigente su principal obstáculo para una solución sostenible, según afirmó el exdiputado a la Asamblea Nacional e ingeniero Elías Matta. En un llamado público, instó a reformar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), vigente desde 2010, al considerar que bloquea la inversión y perpetúa un modelo ineficiente.
“Venezuela tiene más de 18 años cayendo en la oscuridad. Los apagones no son un problema técnico ni climático: son la consecuencia directa de un modelo jurídico que excluye al sector privado, concentra todo el poder en una empresa estatal ineficiente y elimina los incentivos para invertir. Mientras no reformemos la ley, no habrá solución posible”, afirmó.
El planteamiento de Matta se centra en la estructura legal que rige al sistema eléctrico, la cual —según explicó— tiene su origen en decisiones adoptadas durante el proceso de nacionalización del sector. Recordó que la LOSSE consolidó un modelo que ya había sido definido en 2007 mediante el Decreto-Ley N.º 5.330.
“Ese decreto nacionalizó de un plumazo a las nueve empresas eléctricas que operaban en el país, incluida La Electricidad de Caracas, que era referencia de calidad en toda la región. Lo que antes era la envidia de América Latina se convirtió, en menos de dos décadas, en un sistema que no puede garantizar siquiera cuatro horas continuas de servicio en varias regiones del país”.
Desde entonces, la estatal CORPOELEC opera como único actor en generación, transmisión y distribución, en un esquema sin competencia ni regulación independiente. De acuerdo con Matta, este modelo ha derivado en una caída sostenida del servicio y en una limitada capacidad de respuesta ante la creciente demanda.
“Antes de 2007 se contaba con una red eléctrica modelo en América Latina: nueve empresas activas, inversión sostenida, servicio confiable y participación de capital privado. Hoy, en 2026, el déficit de generación supera los 1.600 MW; existe un monopolio estatal sin inversión, apagones diarios y una infraestructura colapsada”.
Apertura a la inversión como eje de la solución
El exparlamentario sostuvo que la solución estructural pasa por modificar la legislación para permitir la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, bajo un esquema regulado. A su juicio, los actuales mecanismos de emergencia no abordan la raíz del problema.
“Necesitamos que un empresario venezolano o extranjero pueda construir una planta de energía solar o una central termoeléctrica, conectarla al sistema nacional y vender electricidad de manera legal y rentable. Eso hoy es imposible porque la ley lo prohíbe expresamente. Cambiar eso no es ideología: es sentido común y urgencia nacional”.
Matta enfatizó que la propuesta no implica una privatización total del sistema, sino una reorganización de funciones que permita mayor eficiencia. En este esquema, el Estado mantendría su rol en la definición de políticas públicas, mientras que un ente regulador independiente garantizaría la transparencia y el cumplimiento de las normas.
Entre las reformas planteadas destacan la eliminación del monopolio de generación de CORPOELEC, la creación de una Comisión Nacional de Energía Eléctrica autónoma, la revisión del régimen tarifario y el impulso a energías renovables mediante incentivos fiscales. También propuso establecer mecanismos de rendición de cuentas y compensación a los usuarios por fallas del servicio.
Impacto económico y urgencia de inversión
El deterioro del sistema eléctrico tiene efectos directos sobre la economía venezolana. Según Matta, los apagones prolongados afectan la productividad, incrementan los costos operativos y limitan la inversión en sectores clave.
“Venezuela pierde millones de dólares diarios en productividad por culpa de un sistema eléctrico que opera al borde del colapso. El país no puede esperar otro ciclo político para abordar este problema”.
El exdiputado también alertó sobre el estado de la infraestructura, gran parte de la cual supera los 60 años de antigüedad, lo que eleva los costos de mantenimiento y reduce la confiabilidad del sistema. Estimó que la recuperación del sector requeriría alrededor de 20.000 millones de dólares en inversión.
“El capital privado, nacional e internacional, es la única fuente realista de financiamiento para ese rescate. Pero ese capital no vendrá mientras la ley lo mantenga fuera. Le habló directamente a cada venezolano que llega a su casa y no tiene luz para darle de comer a sus hijos, para que hagan las tareas o para conservar sus medicamentos. Ustedes merecen un sistema eléctrico que funcione. Y eso solo será posible cuando tengamos el coraje de cambiar una ley que hoy protege el fracaso en lugar de garantizar el servicio”.
Referencias regionales y viabilidad del cambio
Como parte de su argumentación, Matta citó experiencias en América Latina donde la apertura del sector eléctrico ha permitido mejorar la cobertura y la eficiencia del servicio. Mencionó específicamente los casos de Colombia, Chile y Brasil.
“Colombia, con un modelo de mercado eléctrico abierto desde 1994, mantiene índices de cobertura superiores al 97% y ha logrado integrar con éxito generación privada renovable y termoeléctrica. Venezuela tiene los recursos naturales, el talento humano y la necesidad. Lo que falta es el marco legal correcto”.
El planteamiento del exlegislador se suma al debate sobre la necesidad de reformas estructurales en sectores clave de la economía venezolana, en un contexto donde la estabilidad del suministro eléctrico continúa siendo un factor crítico para la recuperación productiva del país.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
