Caracas.- Una investigación académica presentada por especialistas en políticas públicas concluyó que no existe evidencia estadísticamente significativa que permita atribuir a las sanciones internacionales la responsabilidad principal del colapso económico venezolano, considerado uno de los más profundos registrados en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
El estudio fue presentado durante la conferencia virtual “Las sanciones y el colapso venezolano: ¿causa, acelerador o chivo expiatorio?”, organizada por el Grupo IDEAS para Venezuela. La exposición estuvo a cargo de Miguel Ángel Santos, decano de la Escuela de Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey y coautor de la investigación junto con José Ramón Morales Arilla y Zinedine Corniel.
Según los resultados expuestos, la economía venezolana sufrió una contracción cercana al 75 % del producto interno bruto (PIB) entre 2013 y 2020, una caída que, de acuerdo con los investigadores, solo encuentra comparación en episodios extremos de la historia reciente, como el desplome económico registrado en Liberia durante una prolongada guerra civil.
Durante la presentación, Santos señaló que numerosos estudios que atribuyen el colapso económico venezolano a las sanciones presentan limitaciones metodológicas. Entre ellas mencionó que muchos análisis no consideran que la economía ya se encontraba en un proceso de deterioro acelerado desde 2013, se enfocan exclusivamente en la producción petrolera y no logran aislar el efecto de las sanciones frente a otros acontecimientos ocurridos simultáneamente.
Entre esos eventos destacan la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la militarización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la hiperinflación y los apagones nacionales, factores que también impactaron significativamente el desempeño económico del país.
Los datos presentados muestran que para agosto de 2017, cuando entraron en vigor las sanciones financieras, Venezuela ya había perdido aproximadamente 34 % de su PIB. Esa cifra representaba cerca de 43 % de la caída total que se registraría posteriormente. Para el momento de la implementación de las sanciones petroleras en 2019, la contracción acumulada alcanzaba 51 %, equivalente a casi 70 % del desplome máximo observado durante el período analizado.
“En materia de comercio exterior, el deterioro fue aún más marcado: al momento de las sanciones financieras ya se había producido cerca de 77 % de la caída total en las importaciones y 63 % en las exportaciones”, indicó el economista.
La investigación también comparó la evolución económica de municipios petroleros y no petroleros mediante indicadores alternativos, entre ellos la luminosidad nocturna captada por satélites, las ventas de harina de maíz precocida y los niveles de participación electoral.
De acuerdo con los autores, los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos tras la imposición de las sanciones, un hallazgo que cuestiona la existencia de una relación causal directa entre las restricciones internacionales y el deterioro de las condiciones económicas en las zonas vinculadas al sector petrolero.
Otro de los aspectos analizados fue el comportamiento de la producción petrolera frente a los apagones nacionales. Los investigadores estimaron que hasta la mitad de la reducción de los ingresos petroleros atribuida por algunos estudios a las sanciones podría estar relacionada, en realidad, con las interrupciones del suministro eléctrico.
La conclusión se basa en una comparación entre pozos que dependen de sistemas de bombeo eléctrico y aquellos que operan mediante gas, encontrando diferencias que sugieren un impacto relevante de las fallas de infraestructura energética sobre la producción.
Para ampliar el análisis, el equipo construyó un “país sintético” utilizando referencias de Angola, Bután y Ucrania, además de examinar transacciones comerciales con Colombia. A partir de estos ejercicios concluyeron que la brecha en las importaciones de alimentos y medicinas ya se había abierto antes de la entrada en vigor de las sanciones.
Asimismo, el estudio encontró que el sobreprecio en las importaciones venezolanas comenzó a reducirse después de 2019, coincidiendo con medidas de flexibilización en las licencias de importación y una mayor competencia en determinados sectores de la economía.
“Nosotros no encontramos evidencia de un mecanismo causal. Las zonas petroleras no se deterioraron más que las no petroleras”, afirmó Santos, quien planteó como explicación alternativa que el Gobierno adoptó medidas de liberalización económica y una dolarización de facto para enfrentar las restricciones internacionales, generando efectos positivos sobre algunas variables económicas.
El economista advirtió que estas conclusiones tienen implicaciones importantes para cualquier estrategia futura de recuperación. A su juicio, si una parte significativa del colapso petrolero responde a problemas estructurales relacionados con el suministro eléctrico, el levantamiento de las sanciones no garantizaría por sí solo una recuperación sustancial de la actividad económica.
Durante la conferencia también se abordó la situación de la deuda externa venezolana, estimada en alrededor de 190 mil millones de dólares. Santos recomendó proteger los activos venezolanos en el exterior, incorporar al Fondo Monetario Internacional como mediador y supervisar cuidadosamente los procesos de contratación relacionados con una eventual reestructuración.
Por su parte, José Ramón Morales Arilla destacó que algunos indicadores sociales tampoco respaldan la tesis de que las sanciones hayan sido el factor determinante del deterioro económico y humanitario.
“Los motivos por los cuales el país perdió 80 % del PIB son producto de las políticas económicas domésticas, no de las restricciones extranjeras”, sostuvo el investigador.
El evento concluyó con la intervención de Elías Matta, coordinador del Grupo IDEAS para Venezuela, quien destacó la importancia de promover espacios de análisis técnico sobre políticas públicas y reconstrucción económica. Además, anunció que la organización prepara la publicación de un texto especializado sobre Derecho petrolero venezolano y reiteró su disposición de continuar impulsando debates académicos sobre los principales desafíos que enfrenta el país.
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