El jefe de la fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad, diputado Stalin González, solicitó este martes la apertura de una investigación “seria y transparente” sobre la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero y planteó la necesidad de impulsar una reforma integral del sistema judicial venezolano, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
Durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas, González aseguró que el caso de Quero refleja problemas estructurales dentro del sistema judicial y penitenciario venezolano, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir un debate nacional que permita revisar el estado actual de las instituciones públicas vinculadas al sector justicia.
“Hoy, el tema central de esta declaración tiene que ver con la crisis institucional que vive el país. Ningún país se recupera si no tiene instituciones fuertes, y en los últimos días hemos visto cómo las instituciones no han respondido a los venezolanos”, afirmó.
El parlamentario señaló que la bancada opositora consignó formalmente ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud para promover un debate parlamentario sobre lo ocurrido con Víctor Hugo Quero, con el objetivo de impulsar una investigación que permita esclarecer responsabilidades y determinar posibles fallas dentro de los organismos competentes.
Según González, el caso ha generado preocupación sobre el estado del sistema judicial venezolano y sobre la capacidad de las instituciones para responder de manera efectiva ante situaciones que involucran derechos ciudadanos y condiciones de reclusión.
Durante su intervención, sostuvo que la muerte de Quero “es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza”.
Asimismo, indicó que la solicitud presentada por la fracción Libertad busca ampliar el debate sobre la situación institucional del país y promover mayor transparencia sobre el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
“Queremos una investigación seria, que permita conocer las debilidades y la falta de diligencia en estos casos, que haya transparencia en las cifras sobre la situación del sistema judicial y claridad sobre el estado crítico de los centros de reclusión del país”, señaló.
El dirigente político afirmó además que existen otros casos recientes que también evidencian problemas estructurales dentro de la administración de justicia venezolana, razón por la cual consideró necesario establecer responsabilidades entre funcionarios y autoridades involucradas en los distintos procesos judiciales.
González sostuvo que la discusión sobre una eventual reforma judicial debe ir más allá de la actual revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que se desarrolla en el Parlamento Nacional y abarcar todos los niveles del sistema.
En ese contexto, destacó la importancia de revisar las condiciones laborales y operativas de jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios vinculados al aparato judicial.
“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, expresó.
El diputado también vinculó el fortalecimiento institucional con la recuperación de la confianza económica y la estabilidad para el sector productivo nacional, al advertir que la ausencia de garantías jurídicas limita tanto la confianza ciudadana como el desarrollo de nuevas inversiones.
González insistió en que la estabilidad institucional constituye un elemento fundamental para la recuperación económica del país y para mejorar las condiciones de confianza necesarias en distintos sectores de la actividad nacional.
“No habrá confianza de los ciudadanos ni inversiones en Venezuela mientras no exista un sistema judicial que genere garantías”, advirtió.
Finalmente, el dirigente de Un Nuevo Tiempo planteó que cualquier discusión sobre la reforma judicial debe incluir la participación de distintos sectores políticos, académicos, sociales y profesionales, con el fin de alcanzar consensos sobre el modelo institucional contemplado en la Constitución.
“Planteamos un debate amplio, donde se convoque a todos los sectores y se discuta a fondo cuál es el sistema judicial que Venezuela merece y que está establecido en nuestra Constitución”, concluyó.
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