El 2 de abril, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera lectura un proyecto de ley antifascismo que prevé penas de hasta doce años de prisión y fuertes multas, lo que generó preocupaciones en la oposición.
De hecho, las autoridades suelen asociar la palabra «fascismo» con actividades de oposición.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional la “Ley contra el antifascismo, el neofascismo y otros movimientos similares”, luego de que fuera propuesta el 24 de marzo por el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a obtener un tercer mandato en las elecciones presidenciales previstas para marzo. 24. 28 de julio.
El objetivo de la ley, que consta de treinta artículos, es “introducir medios y mecanismos para mantener la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de movimientos fascistas, neofascistas o similares”. «.
El artículo 22 establece que “quien incite, promueva o realice actos políticos violentos será reprimido con pena privativa de libertad de ocho a doce años e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos mientras dure la pena”.
La “publicación de mensajes prohibidos” vía radio o televisión será sancionada con la cancelación de la licencia de transmisión, mientras que para medios impresos y electrónicos habrá multas de hasta cien mil dólares.
Activistas de derechos humanos calificaron la ley de “opresiva” y será objeto de un segundo debate antes de su aprobación definitiva. “Viola el derecho a manifestarse”, declaró en la red social el activista Marino Alvarado.
De hecho, en 2017, tras la represión de un gran movimiento de protesta que causó más de 125 víctimas, Maduro aprobó una ley “contra el odio” que prevé penas de hasta veinte años de prisión.
La ley se ha utilizado para silenciar la disidencia y, en términos más generales, para silenciar cualquier forma de disidencia.
