El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se encuentra completamente redactado y listo para su aprobación, aseguró recientemente el ingeniero Elías Matta, expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional durante el período 2015–2020. Matta indicó que la propuesta no solo ofrece un marco jurídico actualizado para el sector petrolero venezolano, sino que además representa una hoja de ruta hacia la reactivación económica nacional tras años de estancamiento institucional y legal.
Según el exparlamentario, la iniciativa fue trabajada durante su gestión legislativa y estuvo terminada desde 2019, aunque no llegó a implementarse debido al bloqueo sistemático por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que impidió la publicación de normas aprobadas por la Asamblea de ese momento. “Este proyecto está listo y circulando para el conocimiento de la gente. En nuestra legislatura (2015–2020) trabajamos duro para concretar leyes que mejorarán la vida del venezolano, pero fueron bloqueadas sistemáticamente por el Tribunal Supremo de Justicia”, denunció Matta en su declaración pública.
Apertura a la inversión y propiedad privada
El elemento central de la reforma propuesta es la flexibilización del modelo de participación en el sector de hidrocarburos, con el objetivo de atraer inversiones privadas y dinamizar la producción de petróleo y gas en el país. El texto plantea un esquema inclusivo en el que puedan coexistir diversas formas de propiedad y participación empresarial.
Se propone permitir que operadoras privadas tengan la totalidad de la participación accionaria, al mismo tiempo que se mantiene la posibilidad de colaboración entre el Estado y el sector privado, así como preservar la capacidad operativa estatal allí donde sea eficiente. Esta propuesta busca modernizar las reglas del juego para que ese sector, clave en la economía venezolana, sea más competitivo y atractivo para capitales nacionales e internacionales.
Matta explicó que “la intención es hacer llamativa la inversión en actividades primarias de exploración y producción, algo necesario para el crecimiento del sector”. Además, destacó que la reforma permitirá que “la propia empresa operadora, o un tercero autorizado, pueda comercializar directamente los hidrocarburos y el gas asociado”, lo cual representa un cambio significativo respecto al marco legal vigente.
Incentivos fiscales y medidas de competitividad
Para asegurar que la industria petrolera venezolana sea competitiva frente al mercado global, la propuesta de reforma incluye una reducción significativa en las regalías que se aplican a los proyectos de explotación. El nuevo esquema establece un rango de entre el 10% (mínimo) y el 20% (máximo), con especial énfasis en los desarrollos de yacimientos maduros o de petróleo extrapesado ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco. Esta medida busca reducir costos operativos y aumentar el atractivo para las inversiones en zonas que han sido tradicionalmente desafiantes desde el punto de vista económico.
Seguridad jurídica y justicia para el sector conexo
Otro aspecto relevante de la reforma es la derogación de aquellas leyes que, según Matta, han impedido el desarrollo pleno de actividades primarias 100% privadas dentro del sector hidrocarburos. En ese contexto, la iniciativa legislativa también contempla la adecuación de los términos y condiciones de los contratos petroleros existentes, especialmente aquellos que involucran empresas mixtas que opten por migrar a un esquema de propiedad totalmente privada. Matta indicó que estos ajustes forman parte esencial de los contratos petroleros, regulando las relaciones entre el Estado y las empresas, al tiempo que mantienen las ventajas especiales a favor de la República.
Reforma integral del marco legal energético
El ingeniero señaló que el avance de esta reforma es parte de un paquete legislativo más amplio que también incluye propuestas para modificar otras leyes clave del sector energético. Entre ellas están las reformas a las leyes de Petroquímica, Minas y Mercado Interno de Combustibles, así como la actualización de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.
En relación con esta última, Matta destacó que dicha norma fue utilizada en el pasado para justificar la expropiación de más de 70 pequeñas y medianas empresas en los estados de Zulia, Monagas y Anzoátegui. “Esos venezolanos perdieron sus propiedades y deben ser indemnizados. La justicia económica es fundamental para recuperar la confianza”, concluyó, subrayando la importancia de restituir derechos y fortalecer la seguridad jurídica para los agentes económicos afectados por decisiones anteriores.
Este conjunto de reformas busca ofrecer un nuevo marco regulatorio para un sector que en décadas pasadas ha sido núcleo del desarrollo económico venezolano, con la expectativa de revitalizar la industria, atraer inversiones y contribuir significativamente a la reconstrucción del país.
