Baja California. — La diputada de Tijuana Evelyn Sánchez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California con el objetivo de otorgar protección jurídica a los diseños textiles indígenas y cerrar vacíos legales que, según la legisladora, han permitido durante años su plagio y explotación comercial por parte de terceros.
La propuesta legislativa plantea incorporar de manera expresa los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, con lo que dichos elementos serían reconocidos formalmente como parte del patrimonio cultural de Baja California y quedarían sujetos a mecanismos de defensa, registro y preservación por parte de las autoridades estatales.
La iniciativa surge en un contexto de crecientes denuncias sobre la reproducción y comercialización no autorizada de bordados, patrones y símbolos tradicionales elaborados por comunidades indígenas, una práctica que ha sido señalada en distintas entidades del país, entre ellas Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo.
De acuerdo con la legisladora, empresas nacionales e internacionales han utilizado diseños tradicionales sin autorización ni compensación para las comunidades originarias que los desarrollaron, generando un debate cada vez mayor sobre la apropiación cultural y la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas.
Dentro de la reforma propuesta, se establece una definición jurídica específica para los diseños textiles indígenas, los cuales abarcarían todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en Baja California. Con ello, el gobierno estatal contaría con bases normativas más claras para instrumentar medidas de defensa legal y administrativa sobre estas expresiones culturales.
La diputada destacó que los textiles indígenas representan mucho más que productos artesanales o decorativos, al considerar que constituyen manifestaciones profundas de identidad comunitaria e histórica.
“Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó.
La propuesta también contempla una actualización integral del marco normativo estatal para armonizar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, con el fin de adecuar referencias institucionales y fortalecer las capacidades gubernamentales en materia de protección cultural.
Entre los ajustes planteados se incluye que las declaratorias y actos vinculados con el patrimonio cultural sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, una medida que busca dotar de mayor formalidad y certeza jurídica a la protección de estos bienes.
Asimismo, se propone ampliar las facultades del Instituto de Cultura del Estado para que pueda promover convenios, estrategias y mecanismos orientados a la preservación y defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas.
La reforma también actualiza referencias legales al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de adecuar la legislación al marco jurídico vigente y fortalecer la coordinación institucional en eventuales procesos de defensa o sanción.
Especialistas en patrimonio cultural han señalado en diversos foros que la falta de protección específica para expresiones textiles tradicionales ha permitido que diseños originarios sean utilizados por marcas comerciales sin reconocimiento ni retribución económica para las comunidades creadoras, una problemática que ha escalado en años recientes conforme aumenta la demanda internacional por productos inspirados en arte indígena.
En este contexto, la iniciativa impulsada por Sánchez Sánchez busca posicionar a Baja California entre las entidades con marcos regulatorios más robustos en materia de protección de patrimonio cultural intangible, particularmente en un momento en que crecen los debates sobre derechos culturales, comercio justo y preservación de saberes ancestrales.
La legisladora sostuvo que el objetivo central de la propuesta es enviar un mensaje institucional contra el saqueo cultural y establecer que los elementos identitarios de los pueblos originarios no deben ser utilizados con fines mercantiles sin reconocimiento ni protección legal.
De ser aprobada por el Congreso estatal, la reforma podría fortalecer el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas asentadas en municipios como Mexicali y Tijuana, así como en otras regiones de Baja California, al brindar mayores herramientas para la defensa de su patrimonio colectivo.
La discusión legislativa de la iniciativa se desarrollará en comisiones durante las próximas semanas, donde los diputados evaluarán el alcance jurídico, administrativo y presupuestal de las modificaciones propuestas antes de su eventual votación en el pleno.
Con esta acción, Baja California se suma al debate nacional sobre la necesidad de construir marcos legales más sólidos para proteger el patrimonio cultural indígena frente a prácticas de apropiación comercial, en un escenario donde las comunidades originarias demandan cada vez más reconocimiento sobre la autoría y valor económico de sus expresiones tradicionales.
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