Caracas. Venezuela enfrenta una oportunidad clave para modernizar su marco regulatorio del sector minero y sentar las bases de una actividad más transparente, institucional y orientada al desarrollo económico. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, el proyecto de Ley Orgánica de Minas que actualmente discute la Asamblea Nacional debería incorporar ajustes importantes durante su segunda discusión.
Así lo sostiene el Grupo Ideas Estratégicas, un equipo de especialistas integrado por las doctoras Martha Acosta y Verónica Barboza, junto con el ingeniero y exdiputado a la Asamblea Nacional Elías Matta. La organización presentó la segunda entrega de su análisis sobre el proyecto legislativo aprobado en primera discusión, en la que formula propuestas dirigidas a fortalecer la transparencia fiscal, garantizar el acceso público a los contratos mineros y establecer una autoridad técnica especializada para supervisar el sector.
El grupo ya había advertido en una evaluación previa que el proyecto mantiene vigentes más de quince decretos que reservan al Estado la explotación de los principales minerales del país. En esta nueva revisión, el análisis se centra en dos aspectos que los expertos consideran fundamentales para cualquier política minera moderna: el régimen fiscal y la transparencia contractual.
De acuerdo con el documento, el proyecto aún puede mejorar antes de su aprobación definitiva para ofrecer mayor claridad tanto a los ciudadanos como a los inversionistas interesados en el desarrollo del sector minero.
“La segunda discusión no es solo un trámite legislativo. Es la oportunidad de hacer lo que Venezuela necesita: una ley que le diga claramente a sus ciudadanos cuánto cobra el Estado por sus recursos y en qué condiciones los entrega”, señalaron los especialistas.
Regalías mineras: reglas claras para todos
Uno de los puntos centrales del análisis se refiere al régimen fiscal previsto en el proyecto de ley. En particular, el artículo 89 establece que la regalía minera podrá alcanzar hasta 13 % sobre la producción bruta. No obstante, el porcentaje específico sería determinado posteriormente por el Ministerio competente mediante una resolución administrativa.
Para el Grupo Ideas Estratégicas, este mecanismo mantiene un alto nivel de discrecionalidad en la determinación de las regalías y limita la transparencia del sistema fiscal minero. En su evaluación, los expertos recomiendan que las tasas de regalía correspondientes a cada tipo de mineral queden definidas directamente en el texto de la ley.
Según el grupo, esta modificación permitiría que cualquier cambio en las regalías deba pasar por un debate legislativo formal, lo que fortalecería la transparencia ante la ciudadanía y aportaría mayor previsibilidad para los inversionistas que evalúan proyectos en el país.
El documento destaca además que el propio proyecto de ley ya contiene un precedente similar. El artículo 92 fija el impuesto de explotación en 3 % para oro, plata y platino, y en 4 % para diamantes y piedras preciosas. Para los especialistas, este mismo enfoque podría aplicarse también al esquema de regalías mineras.
Contratos mineros abiertos al escrutinio público
Otro de los aspectos señalados por el grupo de expertos es la falta de mecanismos claros de transparencia en la gestión de los contratos mineros.
Aunque el proyecto establece que estos acuerdos deben ser revisados por la Procuraduría General de la República, el texto no contempla la obligación de hacerlos públicos. Para el Grupo Ideas Estratégicas, esta omisión dificulta el control ciudadano y limita la capacidad de instituciones y comunidades para verificar las condiciones bajo las cuales se explotan los recursos minerales del país.
“Los minerales de Venezuela son de todos los venezolanos. Los contratos que determinan cómo se explotan deben ser accesibles para todos”, afirmaron.
Como alternativa, el equipo propone la creación de un banco digital de contratos mineros de acceso público. En esta plataforma se publicarían las concesiones vigentes, las regalías acordadas, los compromisos ambientales y los plazos de explotación establecidos en cada contrato.
Una autoridad minera con capacidad técnica
El análisis también identifica una inconsistencia institucional dentro del propio proyecto de ley. La exposición de motivos menciona la creación de la Superintendencia Nacional de Minería (SUNAMIN) como organismo especializado encargado de supervisar el sector, pero esta institución no aparece desarrollada en el articulado del texto.
Para el Grupo Ideas Estratégicas, incorporar formalmente esta entidad dentro de la ley representaría uno de los avances institucionales más relevantes de la reforma.
La organización considera que la creación de la SUNAMIN permitiría al Estado venezolano contar con un organismo técnico dedicado a supervisar el cumplimiento de contratos, fiscalizar las operaciones mineras y garantizar la protección de los territorios y comunidades vinculadas a esta actividad.
Propuestas para la segunda discusión
En su evaluación, el Grupo Ideas Estratégicas plantea tres ajustes principales que podrían incorporarse durante la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas en la Asamblea Nacional.
Entre ellos destacan establecer tasas de regalía fijas por tipo de mineral directamente en la ley, garantizar la publicación obligatoria de todos los contratos mineros en un registro digital de acceso público e incluir formalmente en el articulado la creación de la Superintendencia Nacional de Minería (SUNAMIN), con atribuciones, estructura institucional y presupuesto definidos.
El grupo concluye que el país enfrenta una oportunidad relevante para construir un marco legal que permita desarrollar una actividad minera responsable, transparente y orientada al desarrollo nacional.
“Venezuela no necesita postergar la minería responsable para un futuro incierto. Tiene los recursos, tiene el marco legal en construcción y tiene la oportunidad de hacerlo bien ahora”, señalaron.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
