Caracas.— La segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía y Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional reabrió un debate clave sobre las condiciones políticas e institucionales necesarias para una transición democrática en Venezuela. Durante la sesión, la diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial encargada del instrumento legal y representante del grupo parlamentario Libertad, calificó el debate como una “oportunidad histórica” para recomponer el tejido social y cerrar un ciclo prolongado de confrontación política.
Desde la perspectiva del bloque opositor, la iniciativa legislativa busca ir más allá de un mecanismo jurídico puntual y convertirse en una herramienta estructural para la estabilidad política y social del país. En un contexto marcado por años de polarización, sanciones, migración forzada y judicialización de la disidencia, el proyecto de ley se presenta como un elemento central para generar condiciones de confianza y previsibilidad institucional, factores clave también para la recuperación económica.
Justicia transicional y derechos humanos como base del proyecto
Bracho subrayó que la ley no pretende simplemente “pasar la página”, sino sentar las bases de una justicia orientada al futuro, que reconozca el impacto humano del conflicto político. En particular, destacó la situación de familias separadas por la cárcel, el exilio o la persecución judicial, una realidad que ha tenido efectos directos sobre el capital humano, la productividad y la cohesión social del país.
La parlamentaria insistió en que, por iniciativa de su fracción, el proyecto fue concebido bajo estándares internacionales de derechos humanos y no como un perdón automático. “Una amnistía sin verdad es incompleta; una amnistía sin reparación es insuficiente; una amnistía sin memoria y garantías de no repetición es frágil. La reconciliación no es borrar la memoria, es dignificarla”, afirmó ante la plenaria, marcando una línea clara frente a experiencias previas de amnistías limitadas o meramente formales.
En su intervención, Bracho reconoció de forma explícita a las víctimas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, señalando que la norma constituye un reconocimiento institucional de fallas del Estado en su deber de protección y del uso del poder público para perseguir la disidencia política. Este reconocimiento, sostuvo, es indispensable para cualquier proceso serio de reconciliación y estabilidad democrática.
Impacto político e implicaciones para la estabilidad del país
La diputada explicó que la normativa apunta a la protección integral de presos políticos, exiliados y personas perseguidas, sin distinciones. Asimismo, enfatizó que el texto busca establecer garantías claras de que el pensamiento divergente no volverá a ser criminalizado, un punto considerado esencial para restablecer la confianza ciudadana y el normal funcionamiento de las instituciones.
En ese sentido, Bracho planteó la amnistía como un eje articulador para una transición democrática “estable, segura y en paz”, que permita al país pasar de una etapa de conflicto a una de convivencia sustentada en la Constitución. Para sectores económicos y empresariales, este tipo de estabilidad política es vista como un requisito previo para atraer inversiones, normalizar relaciones internacionales y avanzar en reformas estructurales.
“La reconciliación no es borrar la historia, es dignificarla; no es cerrar los ojos, es mirarnos de frente como sociedad; no es rendirse ante el conflicto, es superarlo para avanzar”, expresó la diputada, reforzando la idea de que el proceso debe construirse sin impunidad ni negación de los hechos.
Bracho también extendió un reconocimiento a víctimas, familiares, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y universidades por su participación activa en la elaboración del proyecto. “Gracias por todos sus aportes; nuestra aspiración es que el resultado final sea el esperado y se consolide como un logro colectivo para toda la nación”, afirmó.
Diferencias internas y aplazamiento de la votación
Pese al respaldo del grupo parlamentario Libertad a la mayoría de los artículos iniciales, la sesión concluyó sin votación. La plenaria acordó diferir la aprobación tras la polémica generada en torno al artículo 7, que condiciona el beneficio de la amnistía a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente ante los tribunales.
La fracción Libertad cuestionó este requisito, al advertir que la exigencia de “ponerse a derecho” en las condiciones actuales implica un señalamiento anticipado de culpabilidad para personas que, a su juicio, han sido judicializadas injustamente.
Al cierre de su intervención, Bracho dejó un mensaje dirigido tanto a sus colegas como a la opinión pública: “La historia juzga a los parlamentos por la calidad de sus decisiones. Hoy apostamos al encuentro del país y a una paz con memoria”. “El país nos está observando”, concluyó.
Sam Allcock es un empresario y estratega de marketing digital del Reino Unido que, a través de su trabajo en medios y marketing, ayuda a empresas de todo el mundo a impulsar su visibilidad, ofreciendo conocimientos valiosos para comunidades empresariales como las de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
