Caracas.— La diputada Anais Plaza, integrante del grupo parlamentario Libertad, expresó este jueves sus observaciones sobre el proyecto de Ley de Simplificación de Trámites, al advertir que la propuesta debe incorporar mayores controles y límites claros para evitar interpretaciones que, a su juicio, puedan ampliar excesivamente las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Al culminar la sesión legislativa, Plaza señaló que el texto, tal como está planteado, podría ir más allá de una reforma administrativa orientada a agilizar procesos. En su intervención, la parlamentaria lo describió como una “Habilitante disfrazada de reforma administrativa”, argumentando que la redacción actual, según su lectura, abriría espacio para otorgar al Ejecutivo un rol más amplio en materia regulatoria, reformadora y derogatoria.
Plaza también se refirió a los desafíos históricos de la gestión pública venezolana, marcando una diferencia entre la existencia formal de leyes y su efectividad práctica. En ese contexto, recordó que ni la LOPA (Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), ni la Ley de Simplificación de 2014 lograron resolver problemas asociados a la lentitud en los procedimientos.
La diputada, quien además es dirigente nacional por Un Nuevo Tiempo, planteó que la modernización de trámites debe estar acompañada de capacidad operativa y garantías para el ciudadano. En esa línea, afirmó que la propuesta “llega tarde y llega para digitalizar el caos” y añadió: “Subir un PDF a una plataforma que se cae continuamente no es Gobierno Abierto, es simplemente digitalizar la cola.” Luego enfatizó: “No queremos más leyes que sean letra muerta; exigimos que la política deje de ser una barrera y se convierta en un servicio. Simplificar no puede significar entregar un cheque en blanco para que se gobierne sin controles. Venezuela necesita un Estado más ágil, sí, pero también un Estado que respete la Constitución, la ley y los derechos de la gente”, sentenció.
El impacto económico del exceso de trámites
Durante su exposición, Plaza centró parte de su mensaje en el costo que la burocracia puede representar para la actividad empresarial, especialmente para pequeños negocios y emprendedores. La diputada presentó cifras que atribuyó al cierre de 2025 y que, según explicó, reflejan la carga administrativa que enfrentan quienes buscan operar formalmente.
De acuerdo con lo planteado por la parlamentaria, se trata de “más de 1.135 horas al año que un pequeño empresario pierde en el país para realizar sus trámites, lo que se traduce en 47 días de trabajo productivo lanzados a la basura de la burocracia”. Para Plaza, este tipo de demoras tiene efectos directos en productividad, costos y capacidad de crecimiento.
Asimismo, señaló que “el 67% de los emprendedores fracasan antes del primer año asfixiados por un Estado que exige 7.106 hora para un registro formal”; comparando el proceso con Brasil, donde —según dijo— solo toma 180 horas. En ese marco, agregó: “En Venezuela la demora administrativa representa una pérdida exponencial de PIB”.
Brecha digital y propuestas para mayor protección al ciudadano
Plaza también mencionó que los procesos administrativos pueden afectar de manera desproporcionada a personas con menos acceso a herramientas digitales o con menor familiaridad tecnológica. En ese sentido, advirtió que uno de los grupos más vulnerables son “los adultos mayores, víctimas de plataformas digitales deficientes y poco amigables, con procesos discrecionales; así como madres, jóvenes y trabajadores quienes son arrastrados por el sistema a perder jornadas laborales completas para acceder a una documentación básica”.
Para la diputada, el objetivo de una reforma debería ser construir una administración pública más cercana y eficiente. “Todos y cada uno de los sectores y ciudadanos venezolanos necesitamos una administración pública más humana y cercana; una administración pública diligente y empática con las realidades de la calle”.
Como propuesta concreta, Plaza defendió el voto salvado de su bancada y planteó que la ley debe incluir medidas que obliguen a la administración a responder dentro de plazos definidos. “Solo si se le pone una camisa de fuerza al funcionario público, y legislamos sobre el silencio administrativo positivo, podremos avanzar. Si el Estado no responde en el plazo legal, la carga administrativa debe asumirla el estado y no el ciudadano. Pasemos de la ‘soberanía del trámite’ a la soberanía del ciudadano”, exigió la parlamentaria.
Finalmente, la diputada introdujo el concepto de Derecho Humano Administrativo, sosteniendo que la eficiencia estatal debe ser entendida como una garantía para la población. Sobre la digitalización, indicó que la interoperabilidad de bases de datos debe orientarse a mejorar servicios y reducir tiempos, sin convertirse en un mecanismo de control indebido. “La verdadera transformación no es darle más poder al Estado para que derogue leyes a su antojo, sino obligarlo a respetar al ciudadano y el Estado de Derecho; eso es justicia administrativa”, concluyó.
