La diputada Anais Plaza objetó el Informe de Gestión 2025 presentado por el Ejecutivo nacional, al considerar que el documento no incluye información social “clara, pública ni verificable” que permita medir con precisión si hubo mejoras reales en las condiciones de vida de los venezolanos. La parlamentaria planteó que, pese al énfasis del Gobierno en una narrativa de recuperación económica, el reporte carece de indicadores esenciales para evaluar el impacto de las políticas públicas sobre los hogares.
Plaza, integrante del grupo parlamentario Libertad, formuló sus observaciones desde el ente Legislativo tras la presentación del informe por parte de la encargada de gobierno, Delcy Rodríguez. En su pronunciamiento, la diputada sostuvo que el documento oficial “se apoya en una narrativa de recuperación económica, pero omite indicadores fundamentales sobre pobreza, ingresos reales, empleo de calidad y protección social, elementos indispensables para evaluar el impacto de las políticas públicas en los hogares venezolanos”.
La crítica se produce en un contexto en el que la discusión sobre desempeño económico y bienestar social ha ganado espacio en el debate público, especialmente por la brecha entre variables macroeconómicas y el poder adquisitivo de la población. En este sentido, Plaza insistió en que la ausencia de datos oficiales para 2025 limita la capacidad del Parlamento y de la ciudadanía de verificar avances sociales concretos.
ENCOVI 2024 como referencia ante la falta de cifras oficiales
De acuerdo con Plaza, ante la falta de estadísticas públicas actualizadas correspondientes a 2025, la última referencia válida sigue siendo la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2024. La parlamentaria citó el estudio para señalar que “siete de cada diez hogares venezolanos presentan al menos una condición de vulnerabilidad”, sin que se evidencien transformaciones estructurales significativas frente al año previo.
El señalamiento apunta a un punto clave para el análisis económico: la disponibilidad de información social desagregada, que permita evaluar tendencias de pobreza, desigualdad y acceso efectivo a servicios. Para Plaza, sin una base de datos pública comparable, los anuncios de recuperación no pueden contrastarse con resultados medibles en términos de calidad de vida.
El análisis parlamentario también destacó que los impactos de la vulnerabilidad no se distribuyen de forma uniforme. Según el pronunciamiento, estas condiciones “no afectan a todos por igual, sino que impactan con mayor fuerza a los hogares con jefatura femenina, especialmente aquellos donde existen niños, niñas y personas dependientes”.
Empleo y protección social: trabajar no alcanza
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento se enfocó en el mercado laboral y el alcance de la protección social. Plaza advirtió que el crecimiento económico mencionado en la Memoria y Cuenta no necesariamente se traduce en empleos con capacidad de reducir la pobreza ni en mecanismos de protección social adaptados a la realidad de los hogares.
En ese marco, la diputada sostuvo que “Según la ENCOVI 2024, más de la mitad de las familias con empleo, tanto en el sector público como en el privado, continúan siendo pobres. Esto demuestra que tener trabajo no garantiza bienestar cuando los salarios son insuficientes y no existe una protección social efectiva”, afirmó.
El planteamiento conecta con un debate recurrente en economías con alta inflación y rezago salarial: la diferencia entre empleo y empleo de calidad, así como la necesidad de políticas públicas que permitan que el ingreso laboral cubra la canasta básica y reduzca la dependencia de ayudas temporales.
Plaza también cuestionó el enfoque de los bonos y transferencias como herramienta central de apoyo, al señalar que su diseño y focalización no priorizan adecuadamente a los sectores con mayor vulnerabilidad. En su evaluación, esto reduce el impacto real de estos mecanismos en la disminución de la pobreza y la desigualdad.
“Una política social que no prioriza a quienes más lo necesitan, no corrige las brechas sociales, las reproduce. Esta carga recae con mayor peso sobre los hogares encabezados por mujeres, donde la responsabilidad económica y de cuidado es mayor”, subrayó.
Un llamado a la rendición de cuentas
Plaza, quien también es dirigente nacional del partido un Nuevo Tiempo, insistió en que el Informe de Gestión 2025 no presenta evidencia verificable que permita concluir que hubo cambios estructurales en la realidad social del país. En su criterio, corresponde al Parlamento advertir esas ausencias como parte de su función constitucional de control y rendición de cuentas.
“La ciudadanía no vive de proyecciones macroeconómicas. Vive en hogares concretos, con ingresos que no alcanzan, servicios intermitentes y derechos limitados”, puntualizó.
La diputada cerró su pronunciamiento con un llamado a transparentar la información social como base para el debate público y la evaluación de políticas. Finalmente dijo que el llamado es preciso: “sin datos sociales claros, públicos y desagregados, no hay rendición de cuentas ni ejercicio democrático real”.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
