El jueves se reunió la Asamblea Nacional de Venezuela, el parlamento unicameral del estado. él estuvo de acuerdo Es una ley que exige que las ONG declaren si sus financiadores son venezolanos o extranjeros y permite al gobierno regular su trabajo de manera más estricta. La nueva ley también impide que se registren en el país asociaciones consideradas promotoras del “fascismo, el fanatismo o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos o de género”. La Asamblea Nacional está controlada por el Partido Socialista Unido de Nicolás Maduro, que ha gobernado el país de manera autoritaria durante años.
El texto no especifica qué sucede con una ONG que dice recibir financiamiento del exterior, pero la ley es considerada una herramienta que Maduro utilizará para limitar las posibilidades de que las ONG operen en el país. El martes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades venezolanas que no adopten “esta ley ni ninguna otra ley que socave el espacio civil y democrático en el país”.
La ley, propuesta inicialmente en 2023, fue aprobada en el contexto de grandes protestas que comenzaron hace dos semanas después de que Maduro fuera declarado ganador de las últimas elecciones presidenciales: la mayoría de los observadores independientes y la oposición venezolana ven su victoria como basada en un fraude electoral.
