La Asamblea Nacional acordó mantener activa la comisión mixta que participó en la discusión de las recientes reformas vinculadas con la vivienda y el mercado inmobiliario venezolano, luego de una propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario Libertad durante la sesión en la que fue aprobada la nueva Ley para la Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas.
La decisión busca extender las funciones de la comisión más allá del proceso de elaboración y revisión de los artículos. De acuerdo con la Fracción Libertad, el grupo parlamentario deberá acompañar y verificar la implementación de los nuevos instrumentos legales, con atención a sus efectos sobre arrendatarios, compradores, propietarios, constructores y promotores inmobiliarios.
La comisión también participó en el debate de la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, normativa ya promulgada que regula los alquileres residenciales.
Reforma busca modificar el marco regulatorio de la construcción
Uno de los principales cambios aprobados corresponde a la anterior Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que pasa a denominarse Ley para la Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas.
El Grupo Parlamentario Libertad respaldó la reforma bajo el argumento de que el nuevo marco normativo adopta un enfoque menos punitivo hacia la actividad privada de construcción. La fracción sostiene que las disposiciones anteriores generaron restricciones que afectaron el desarrollo del mercado inmobiliario.
“El día de hoy, desde el Grupo Parlamentario Libertad hemos aprobado en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. Una ley que a partir de ahora es para la promoción y la protección de la construcción de vivienda, que viene a dar respuesta a años de trabas burocráticas, a años de serias restricciones y a una legislación que simplemente había llevado al mercado de la construcción a la quiebra y a la inacción”, explicó la diputada del Grupo Parlamentario Libertad, Diana Rodríguez, quien también fue parte de la comisión mixta que debatió la Ley.
La reforma introduce modificaciones relacionadas con las competencias de los organismos públicos, las garantías para compradores y los mecanismos disponibles para financiar proyectos habitacionales.
Municipios, fideicomisos y garantías bancarias entre los cambios
Entre las disposiciones señaladas por la fracción parlamentaria se encuentra la despenalización del ejercicio de la construcción y una modificación de las competencias atribuidas al Ministerio de Hábitat y Vivienda.
Según lo expuesto durante el proceso legislativo, el ministerio asumirá principalmente funciones de acompañamiento y supervisión de las obras, mientras que los asuntos correspondientes al ámbito penal deberán ser tratados por las instancias competentes.
La normativa también actualiza los montos de las sanciones aplicables por incumplimientos y reconoce las competencias de las municipalidades para otorgar permisos de construcción, un elemento relevante para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país.
Otro punto de la reforma contempla mecanismos destinados a proteger los aportes realizados por compradores mediante la figura del fideicomiso. Asimismo, incorpora reglas para las garantías bancarias con el propósito de establecer condiciones jurídicas para la canalización de recursos hacia nuevos proyectos de construcción.
Sector hipotecario figura entre las expectativas de la reforma
La posibilidad de estimular nuevamente el financiamiento hipotecario aparece entre las principales expectativas planteadas por los promotores de la nueva legislación. La Fracción Libertad considera que un marco de mayor seguridad jurídica podría facilitar tanto el desarrollo de proyectos privados como la participación del sistema bancario.
“A partir de ahora y con esta aprobación de esta nueva reforma y esta nueva ley para la protección y la promoción de la construcción de vivienda, se espera que la banca pueda comenzar a generar y a dar créditos hipotecarios. Se espera que las constructoras puedan comenzar con una seguridad jurídica a dar respuesta a esa necesidad de construcción de vivienda y que se beneficien aquellas personas que necesitan una vivienda digna, que a partir de ahora puedan acceder a créditos hipotecarios con seguridad jurídica”, manifestó la diputada Rodríguez.
La continuidad de la comisión mixta permitirá que el debate legislativo avance ahora hacia el seguimiento de la aplicación de las normas. Para los diputados de la Fracción Libertad, este proceso representa una oportunidad para revisar los criterios de gobernanza relacionados con la vivienda y promover condiciones que fortalezcan la confianza entre el Estado, las empresas constructoras, los propietarios y los compradores.
La implementación efectiva de las reformas y su impacto sobre la construcción, el crédito hipotecario y el acceso a la vivienda serán factores determinantes para evaluar el alcance económico y social del nuevo marco regulatorio venezolano.
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