Las empresas en Chile enfrentan una nueva etapa regulatoria que transformará la forma en que recopilan, almacenan y utilizan la información personal de clientes, trabajadores y usuarios. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) impondrá estándares más estrictos de transparencia, seguridad y control, en medio de advertencias de especialistas sobre el bajo nivel de preparación existente en gran parte del sector privado.
La normativa establece un período de adecuación que finalizará el 1 de diciembre de 2026, fecha a partir de la cual las organizaciones deberán demostrar que cuentan con procesos completamente ajustados a las nuevas obligaciones legales.
La legislación surge en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el uso de datos personales, especialmente ante llamadas comerciales no autorizadas, campañas publicitarias invasivas y circulación de información privada en plataformas digitales sin conocimiento de los usuarios.
El nuevo marco regulatorio exigirá a las compañías implementar mecanismos de consentimiento explícito y verificable, además de identificar con claridad dónde se almacenan los datos, quiénes tienen acceso a ellos y cuáles son las medidas de seguridad utilizadas para protegerlos.
Especialistas advierten que muchas empresas aún no cuentan con estructuras internas adecuadas para cumplir con estas exigencias.
“La mayoría de las empresas hoy no está realmente preparada. Muchas no tienen procesos claros, protocolos definidos ni responsables específicos para manejar datos personales, y eso puede transformarse en un problema importante tanto legal como reputacional”, explica Julio Farías, experto en tecnología y experiencia de cliente y cofundador de Zerviz.
El impacto de la ley irá más allá de las áreas jurídicas y de cumplimiento normativo. La regulación también afectará directamente operaciones relacionadas con atención al cliente, marketing digital, recursos humanos, comercio electrónico y plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para procesar información de usuarios.
Las compañías deberán revisar cómo circulan los datos dentro de sus organizaciones y garantizar trazabilidad sobre cada proceso asociado a la información personal.
“Hoy los datos están distribuidos en múltiples sistemas dentro de las empresas: plataformas de atención, herramientas de marketing, softwares internos y canales digitales. La ley obliga a que todo eso funcione de manera coordinada, segura y con trazabilidad”, agrega Farías.
En los últimos años, la transformación digital aceleró la recopilación masiva de datos por parte de empresas de distintos sectores, incluyendo banca, telecomunicaciones, comercio minorista, salud y servicios digitales. Sin embargo, especialistas señalan que el crecimiento tecnológico no siempre estuvo acompañado de políticas claras de administración y protección de información sensible.
Uno de los principales desafíos será precisamente coordinar tecnología, procesos internos y capacitación de personal para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa. Expertos indican que muchas organizaciones poseen herramientas tecnológicas avanzadas, pero carecen de estrategias integrales de gobernanza de datos.
Además de las multas económicas contempladas por incumplimiento, las empresas podrían enfrentar daños reputacionales relevantes en caso de filtraciones, uso indebido de información o fallas en los mecanismos de protección.
La pérdida de confianza de clientes, usuarios y trabajadores aparece como uno de los riesgos más delicados para las compañías, especialmente en sectores donde la relación con el consumidor depende de la credibilidad y el manejo seguro de datos personales.
En este escenario, consultoras tecnológicas y especialistas en transformación digital recomiendan iniciar cuanto antes auditorías internas, revisión de contratos, actualización de plataformas y definición de responsables de protección de datos dentro de las organizaciones.
Según analistas del sector, las empresas que logren anticiparse a la entrada en vigencia de la normativa no solo reducirán riesgos legales y financieros, sino que también podrán fortalecer la confianza de sus usuarios y mejorar sus estándares de gestión interna.
La nueva legislación busca alinear a Chile con tendencias internacionales de protección de privacidad y mayor control ciudadano sobre la información personal en entornos digitales cada vez más complejos.
En términos prácticos, el objetivo central de la normativa apunta a otorgar a las personas mayor capacidad para decidir cómo se utiliza su información y exigir mayor responsabilidad a las organizaciones que administran esos datos.
Con menos de siete meses para el inicio de la etapa final de adecuación, el desafío para las empresas chilenas ya dejó de ser solamente tecnológico y pasó a convertirse en una prioridad estratégica y reputacional dentro del entorno corporativo.
Carlos Mendoza es un empresario y estratega de marketing digital que, a través de su experiencia en medios y posicionamiento online, ayuda a empresas de diferentes partes del mundo a aumentar su visibilidad y fortalecer su presencia en el mercado. Su trabajo aporta conocimientos valiosos para comunidades empresariales como la de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
