La discusión sobre una eventual Ley de Amnistía volvió a posicionarse en la agenda pública venezolana, en medio de expectativas expresadas por familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos y de llamados a avanzar en mecanismos institucionales orientados a la convivencia social. Desde el ámbito jurídico y de los derechos humanos, se ha planteado la necesidad de que el Parlamento otorgue prioridad al tratamiento de esta iniciativa, enmarcándola dentro de los procedimientos constitucionales vigentes.
El abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina Roa, señaló que la urgencia legislativa responde a una demanda social que se mantiene latente. “Las madres, las esposas, los hijos, de los presos políticos están a la expectativa y tienen la esperanza en la Ley de Amnistía, por eso es fundamental que la Asamblea Nacional (AN) le dé celeridad, urgencia parlamentaria a la norma”, afirmó.
Pendiente el inicio formal del proceso legislativo
Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas. En ese espacio, Medina Roa recordó que, hasta este miércoles, el Ejecutivo nacional no había presentado formalmente el proyecto de Ley de Amnistía ante la Asamblea Nacional, paso necesario para que el Parlamento pueda iniciar su discusión, evaluación y eventual aprobación.
Desde una perspectiva institucional, la presentación del proyecto constituye el punto de partida para un debate legislativo que debe desarrollarse conforme a las normas parlamentarias. Mientras ese proceso no se active, el tema permanece en una fase preliminar, sin un cronograma definido ni un texto base que permita el análisis técnico por parte de los diputados y de la sociedad civil.
Alcance jurídico de la figura de la amnistía
Durante la entrevista, el abogado explicó el significado jurídico de la amnistía y su diferencia con otras figuras previstas en el ordenamiento legal venezolano. Indicó que la amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal, ya que la norma define determinados hechos a los que se les elimina el carácter ilícito. En contraste, señaló que el indulto corresponde a un perdón otorgado por el Presidente de la República, sin modificar la calificación legal de los hechos.
Esta distinción, explicó, resulta relevante para comprender el alcance de una eventual ley y sus efectos dentro del sistema de justicia. En el ámbito institucional y económico, la claridad sobre las consecuencias legales de este tipo de medidas es considerada un elemento importante para la previsibilidad normativa y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Reconciliación y convivencia social
Medina Roa destacó que, a su juicio, una Ley de Amnistía podría contribuir a generar condiciones para el entendimiento social. “Esta ley es un primer paso para resolver un problema político-social, procurar el reencuentro, la paz social, sanar heridas e iniciar un camino de reconciliación”, expresó.
Este planteamiento se inscribe en un debate más amplio sobre la necesidad de promover mecanismos institucionales que faciliten el diálogo y la convivencia, especialmente en contextos de prolongada polarización política. Diversos sectores han señalado que iniciativas orientadas a la estabilidad social pueden tener efectos indirectos en otros ámbitos, como la actividad económica y la confianza de los actores productivos.
Limitaciones en la información disponible
El especialista también señaló que no es posible establecer un número exacto de personas consideradas presos políticos, debido a que los casos se encuentran distribuidos en distintas regiones del país y no existe un registro único de acceso público. Esta situación, explicó, dificulta la elaboración de estadísticas precisas y el seguimiento uniforme de los expedientes.
En ese sentido, subrayó la importancia de que cualquier discusión legislativa se base en información verificable y en el respeto a los procedimientos legales, con el fin de garantizar transparencia y seguridad jurídica.
Marco legal vigente sobre otros delitos
Finalmente, Medina Roa se refirió de manera general a la existencia de debates públicos sobre conductas prohibidas por la ley, señalando que el ordenamiento jurídico venezolano ya contempla normas sancionatorias para determinados delitos. Indicó que estos temas deben ser abordados conforme a la legislación vigente y a los principios de responsabilidad individual.
“Son cientos de casos que han planteado denuncias de este tipo, en las que la responsabilidad es individual. La tortura requiere un castigo, pero tampoco queremos que en el futuro hayan torturadores”, manifestó.
El debate sobre la Ley de Amnistía continúa así en el plano institucional y público, a la espera de que se active formalmente el proceso legislativo y se definan los próximos pasos dentro del marco constitucional.
Sam Allcock es un empresario y estratega de marketing digital del Reino Unido que, a través de su trabajo en medios y marketing, ayuda a empresas de todo el mundo a impulsar su visibilidad, ofreciendo conocimientos valiosos para comunidades empresariales como las de Vaughan, según destaca Nueva Prensa.
