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La violencia sexual que calla a los apresados

Durante la audiencia de presentación ante la jueza, Kelly Medina y Luzmery Galindo escucharon los cargos en su contra por los cuales permanecían detenidas desde la mañana del 3 de junio en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Coche.
Habían sido apresadas en un autobús de Transchacao junto con otras 51 personas porque presuntamente llevaban bombas molotov, cascos y guantes cuando se dirigían a una manifestación convocada por la MUD para ese sábado. Era la “Marcha de las Ollas Vacías”.
Cuando les tocó el turno de hablar, las mujeres utilizaron su tiempo para decirle a la jueza lo que más les angustiaba de estar encerradas: los funcionarios entraban a las duchas mientras ellas se bañaban y una noche un custodio entró a la celda y le ofreció dinero a una de las jóvenes para que se callara mientras él abusaba sexualmente de su compañera.
En la celda había siete mujeres. Se le enfrentaron al funcionario y no durmieron esa noche para poder cuidarse. Elenis Rodríguez, abogada y codefensora de las jóvenes, explicó que el funcionario las amenazó y aunque la agresión sexual no ocurrió “les metió un psicoterror diciéndoles que ‘mientras estuvieran ahí todas iban a saber lo que era bueno’ solo porque se defendieron entre sí”. La jueza y el Ministerio Público ordenaron una investigación inmediata contra el funcionario, pero la abogada desconoce si el policía fue sancionado o detenido.

Abuso
Pero Damaris (identidad protegida) no corrió con la misma “suerte”. La joven fue detenida en San Antonio de Los Altos y llevada a un centro de reclusión conocido como “La Escuela”, bajo la custodia de la Guardia Nacional Bolivariana. Permaneció 16 días detenida y en varias oportunidades le dijo a sus abogados que había sido manoseada por uno de los guardias. Una noche después de la comida se sintió débil, desorientada y perdió la conciencia. La joven asegura que fue drogada y al despertar se revisó el cuerpo porque tenía dolor y encontró sangrado en sus genitales.
De los cuatro casos que maneja el Foro Penal, en el contexto de las detenciones durante las protestas, en los cuales se denunciaron tratos crueles, intimidatorios y humillantes asociados a violencia sexual, el de Damaris es el único que se mantiene en el proceso de averiguaciones por voluntad de la joven. Otras denuncias fueron narradas pero no fueron formalizadas o las contaron en sus audiencias pero luego se quedaron en el camino.
“La gente tiene mayor temor de denunciar estos casos porque es una situación muy intimidante, pero eso no quiere decir que no ocurra mucho más”, explica Alfredo Romero, director del Foro Penal.

Debilidad
Las razones son complejas pero tienen un elemento común: en el contexto mundial donde se presentan conflictos sociales y políticos, la violencia sexual ha sido utilizada como un mecanismo de represión muy efectivo porque es humillante, intimidatorio, vulnera la intimidad de la persona y revela un ejercicio de poder en el que no se trata de satisfacer un deseo sexual, sino que busca amedrentar y debilitar al otro, precisó Magdymar León, coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). El mecanismo de amedrentamiento produce una primera consecuencia que los invisibiliza: las pocas personas que denuncian, evitan dar sus nombres para preservar su integridad.

Denuncia
El 8 de junio, una joven, madre de dos niños fue a la Asamblea Nacional a denunciar ante un grupo de diputados lo que le ocurrió durante una detención arbitraria a finales de mayo cuando iba a buscar a sus hijos en casa de su madre en Caracas.
Se encontró de frente con un contingente de la GNB que cerraba el paso cerca de la casa de su mamá y cuando intentó pasar, la interrogaron y se la llevaron detenida. “Fui llevada a golpes a una zona cercana a la detención, allí me drogaron, me golpearon y me violaron. Luego me llevaron al comando que parecía un campo de concentración: personas en condiciones inhumanas, todas golpeadas, durmiendo encima de sus orines y heces fecales”, contó ante miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, entre los que había diputados de Argentina, Uruguay y Paraguay. La liberaron pero bajo régimen de presentación por cargos sin pruebas de dos delitos penales.
La minimización de estos casos por parte de las autoridades es el principal combustible de la impunidad.