(ANSA) – CATANZARO, 11 DE NOVIEMBRE – También hay un consejero regional de Calabria en la Lega Filippo Mancuso, designado para presidir el consejo y exconsejero municipal de Catanzaro, entre las 18 personas imputadas en el marco de la investigación «Gitonópoli», que se refiere al supuesto recibo de honorarios injustificados por asistir a las actividades de los Comités Permanentes del Consejo Metropolitano de Calabria.
El Ministerio Público de Catanzaro redactó la solicitud de acusación. La investigación fue realizada por la Subprocuradora General Giulia Pantano y el Subprocurador General Pascual Mandolfino. La jueza de instrucción, Antonella de Simone, ha fijado la audiencia preliminar para el próximo 11 de enero.
Las personas que participan en la investigación, por diversas razones, son impugnadas por delitos de falsedad y fraude ideológico.
Las otras personas que el Fiscal solicitó ser procesadas son Agazio Pratic, Antonio Mirarchi, Antonio Angotti, Manuela Costanzo, Francesca Celli, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotondo, Giulia Procopi, Fabio Antonio Orsino y Enrico Consolante, todos los concejales permanecen en el cargo. También se ha solicitado una acusación formal contra Fabio Celia, quien ya no es miembro del consejo de la ciudad.
El municipio de Catanzaro, en la persona del alcalde, Sergio Abramo, fue identificado como culpable. Según el auto de procesamiento, los presidentes de las comisiones municipales Miranchi, Levato, Pisano, Tallarico, Manuela Costanzo, Consulante y la vicepresidenta Francesca Seli habían testificado falsamente, en el acta de la reunión de órganos, sobre la realización de numerosas sesiones, con la participación de sus propios concejales y demás concejales, cuando en realidad los sospechosos no participaron, en absoluto o participaron sólo de forma temporal e intermitente. Gracias a las denuncias falsas, nuevamente según la fiscalía, todos los sospechosos habían engañado al municipio de Catanzaro (de ahí la polémica llegó a todos los fraudes), y así obtuvieron una ganancia injusta del pago, a su favor, por parte de la autoridad, de las cuotas de asistencia por su participación en las reuniones. El daño total calculado para el municipio fue de 21.796 €, con referencia específica al período comprendido entre noviembre y diciembre de 2018.
