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Van cuatro meses de una lucha ciudana por una Venezuela libre

El 28 de marzo las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia fueron el detonante para profundizar el descontento ciudadano ante la ruptura del orden democrático. Esta vez salieron a reclamar en la calle lo que no pudieron exigir a través del voto: el cambio político que dibujó el triunfo de la oposición en las Parlamentarias de 2015, que fue truncado el año siguiente por la suspensión del revocatorio y el retraso de las elecciones regionales.
Desde esas sentencias han pasado 120 días de protestas. La oposición comenzó apostando en abril por una agenda política de movilizaciones de calle, una marcha tras otra, casi interdiarias, multitudinarias. En cada una de ellas el cerco de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana trancó el camino para llegar al TSJ, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral. La represión desmedida se impuso con graves violaciones a los derechos humanos y un saldo de asesinatos que aumenta jornada tras jornada. Un día antes de la llamada “Mamá de las marchas” del 19 de abril, el gobierno activó el Plan Zamora en su primera fase, lo que incrementó el número de heridos y muertes, pero también aumentó la voluntad de los ciudadanos de seguir en la calle.
Llegó mayo y con él un nuevo motivo para intensificar la protesta. Se pone en juego la República. A las exigencias por la apertura de un canal humanitario, reconocimiento a la Asamblea Nacional, liberación de presos políticos y la ruta para un calendario electoral, se unió el rechazo a la convocatoria de Nicolás Maduro para ir al proceso constituyente. La respuesta ha sido un ciclo de trancazos y plantones nacionales, y más marchas. También las vigilias y las movilizaciones de toda la sociedad. A la lucha en la calle hay que sumar la consulta popular en la que casi 7,6 millones de personas rechazaron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un poderoso hito que hará sombra a la convocatoria del gobierno.

Etapas
“En estos cuatro meses hemos observado diferentes fases del ciclo de protestas, sobre todo en la constitución de una protesta enfocada a objetivos cada vez más claros. En abril reacciona la población ante la indignación por las sentencias del TSJ. Era la agenda política que estaba conduciendo la protesta, pero que se ha ido perfilando hacia una agenda ciudadana. Hemos visto un proceso de toma de conciencia del poder ciudadano, la consolidación de esa fuerza, una conciencia sólida de organización. El 16 de julio más que desobediencia civil vimos un acto de afirmación de la cultura cívica y pacífica”, dijo la psicóloga social y especialista en malestar social y conflicto político, María Teresa Urreiztieta.
Para la profesional parte de los frutos es “el poderoso movimiento ciudadano en gestación”. Un movimiento que asumió su rol político sin precedentes: “Al intentar llevar al gobierno al límite de sus fuerzas”, expresó.